¿QUÉ ES EL PACTO DEL EURO Y POR QUÉ SE CONVOCA EL 19 J?

El llamado Pacto del Euro consiste en un paquete de medidas acordadas por los diecisiete países que forman la zona euro destinadas fundamentalmente a combatir la crisis y la deuda. El problema es que más que contribuir a solucionar el desempleo y la parálisis del tejido productivo europeo, va a conducir inexorablemente a un mayor empobrecimiento de los ciudadanos. Esto significa seguir mermando capacidad de consumo de las familias y del Estado, y no parece que esto sea lo más acertado para impulsar la recuperación económica.

La mayor parte de las medidas recomendadas a España por la Comisión Europea el pasado día 7 no dejan lugar a dudas sobre lo que nos espera.

Establecer sistemas permanentes de revisión de las pensiones aumentando la edad de jubilación y reduciendo el importe de las mismas (al ampliar el número de años para su cómputo) cuando la situación económica lo exija (es decir cuando la Comisión lo decida).

Reforzar la reestructuración de las Cajas de Ahorro, es decir avanzar en su definitiva privatización, cuando si algo ha quedado claro en la actual crisis es la necesidad de la existencia de una banca pública capaz de canalizar financiación a empresas y familias en momentos como este, en que la banca privada está asfixiando a consumidores, pequeñas y medianas empresas del país con congelación del crédito.

Reducir las cotizaciones a la seguridad social y aumentar el IVA y los impuestos sobre la energía. Esto significa en principio recortar los salarios, ya que las cotizaciones a la seguridad social son también parte del mismo. Pero es que además las cotizaciones sociales financian las prestaciones cuando estamos de baja por enfermedad, las pensiones contributivas, el desempleo y la formación profesional. Esto se plantea en un momento en que se está cuestionando la financiación pública de la sanidad (ya en alguna comunidad autónoma como Cataluña se están imponiendo drásticos recortes y en estos días asistimos a una lluvia de noticias propagadas por la patronal farmacéutica acerca del supuestamente insostenible gasto sanitario), se cuestionan las pensiones, el desempleo está disparado y la formación profesional y reciclaje de los miles de trabajadores expulsados de sus trabajos es imprescindible ¿Dónde queda la necesidad, ampliamente compartida, de aumentar la competencia profesional del capital humano del país?

Por otra parte se sigue en la espiral de aumentar los impuestos indirectos que gravan las rentas de todos los ciudadanos indistintamente de cuál sea el volumen de la misma. De esta forma, todos soportamos igual tipo de carga impositiva al margen de nuestra situación económica, paga lo mismo el banquero Botín que un parado de larga duración. Para colmo, esta espiral de aumentar impuestos indirectos y reducir los directos y progresivos (IRPF) va contra los principios constitucionales consagrados en nuestra carta magna. El principio de capacidad económica, que establece que los impuestos deben gravar la economía de los ciudadanos según el patrimonio de cada cual, y el de progresividad que nos dice que a mayor renta debe corresponder una mayor cuota fiscal.

Por último la Comisión Europea nos anima a profundizar en las reformas del mercado de trabajo, la negociación colectiva y las políticas activas de empleo. Parece que no ha sido bastante con la prueba de la absoluta ineficacia en materia de creación de empleo de la última reforma laboral, aprobada por decreto hace casi un año, por el gobierno actual.

En estos momentos ya está en el Congreso el decreto-ley de reforma de la negociación colectiva. Se descentraliza la negociación colectiva, se facilita el descuelgue de los convenios sectoriales para las empresas. ¿Es mala la flexibilidad en la negociación colectiva? En principio, no, el problema es que en un marco legal en el que los sindicatos no tienen ningún tipo de participación en la gestión y organización de las empresas, es imposible garantizar de forma eficaz que los sacrificios que exige el empresario son razonables e imprescindibles, para la viabilidad de la propia empresa. Porqué no nos miramos en el espejo de Alemania, paradigma del crecimiento económico, la competitividad y el buen hacer en materia económica. Sus salarios son de los más elevados de Europa y los nuestros de los más bajos (en euros estandarizados), trabajan menos horas al año que nosotros y tienen una situación de casi pleno empleo. Allí los sindicatos participan de la gestión de las empresas, en las grandes con un 50%, en las PYMES con un 33%, así sí es posible flexibilizar la negociación colectiva.

Cabría recordar que la primera economía del mundo, EEUU mantiene el déficit público más abultado del planeta, y que al contrario que la Unión Europea, viene desarrollando en estos últimos años de crisis una política económica expansiva, con aumento del gasto y la inversión pública como la mejor manera de incentivar el empleo y el crecimiento económico. ¿Por qué en Europa no sigue ahora la senda que transita EEUU, cuando los hemos seguido con los ojos cerrados en los más disparatados dislates de la política internacional?

A la vista de que los partidos que nos gobiernan, y los que tienen la posibilidad de gobernar en un futuro, no parecen estar dispuestos a oponerse a este tipo de medidas, siendo además copartícipes en la elaboración de las mismas, los ciudadanos de a pie, los que estamos soportando la crisis sobre nuestras espaldas, estamos llamados a decirles alto y claro que ese no es el camino.

El próximo domingo, día 19, estamos convocados por el Movimiento 15-M, en todo el país, a expresar nuestro claro rechazo a este tipo de políticas, pacíficamente, pero con claridad y firmeza.

Manuel Benicio, ATTAC-Jerez
Publicado en www.madrilonia.org

RAZONES CONTRA EL PACTO DEL EURO

Estamos en contra del Pacto por el Euro por ser un ataque a la soberanía de los estados y a los derechos de la ciudadanía, imponiendo medidas que lejos de solucionar la situación de crisis van a agravarla generando una mayor deuda, y realizando esto sin contar con la opinión y respaldo de la ciudadanía. La solución a las grandes crisis del último siglo ha pasado por aumentar el gasto público y el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo contrario de lo que se pretende con el Pacto por el Euro.

Con el Pacto por el Euro los gobiernos de los países de la zona euro establecen llevar a cabo una política económica común para salir de la crisis y resolver el problema de la deuda. Cada año los Jefes de Estado o Gobierno asumen una serie de compromisos nacionales concretos que se fijarán por ley o constitucionalmente, dotándolos de un carácter vinculante y duradero.

Las políticas económicas que hasta ahora eran competencia estatal pasan a ser determinadas por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, robando soberanía a los propios estados. Así, España acaba de aprobar por decreto ley la descentralización de los convenios laborales, punto recogido en el pacto, sin acuerdo previo con los representantes sindicales.

El Pacto por el Euro tiene como objetivo reducir la deuda, aumentando la competitividad y la convergencia, para lo que plantea una serie de medidas, entre las que se encuentran:

1. Revisión del acuerdo de fijación de salarios y desvinculación de los salarios al incremento de los precios, lo que se traducirá en una reducción efectiva de los salarios y del poder adquisitivo de las familias.
2. Descentralización del proceso de negociación colectiva de los convenios laborales, reduciendo de este modo la capacidad de negociación de los trabajadores/as en materias como la cuantía del salario base, el abono o compensación de las horas extraordinarias, o el horario y distribución del tiempo de trabajo.
3. Reducción o congelación de los salarios de empleados públicos para contribuir a los esfuerzos de competitividad en el sector privado, de modo que los salarios a la baja del sector público sirvan de referencia para la fijación de salarios en el sector privado.
4. Reforma del mercado laboral fomentando la “flexi-seguridad”, lo que se promueve por medio de la reducción de los derechos de los trabajadores/as, así como por la facilitación y abaratamiento de los despidos.
5. Reforma fiscal, reduciendo la presión impositiva sobre las rentas de trabajo (que pagan empresas y trabajadores/as), y aumentando los impuestos indirectos (IVA, impuestos sobre consumo de energía, etc.) que pagan todos los ciudadanos/as indistintamente de sus ingresos para mantener los ingresos fiscales globales.
6. El gasto público destinado a atención sanitaria y prestaciones sociales será sostenible, lo que se traduce en que estará supeditado a limitaciones impuestas por los objetivos de reducción del déficit fijados por la Unión Europea. Esto se traducirá en un deterioro de los servicios públicos y en su más que posible privatización.
7. Establecer sistemas permanentes de revisión de las pensiones, aumentando la edad de jubilación al ajustar las pensiones al incremento de la esperanza de vida, y reduciendo el importe de las mismas al ampliar el número de años para su cómputo.
8. Favorecer la privatización de empresas públicas, lo que provoca una pérdida de ingresos para el estado, así como un encarecimiento de los precios de estos servicios y bienes.
9. Fomentar la estabilidad financiera de la zona euro a través de la aprobación de toda ayuda necesaria a un Estado que se encuentre en graves problemas de financiación o en amenaza de tenerlos. Esta ayuda se aplica bajo el cumplimiento de estrictas medidas de ajuste determinadas por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y en Banco Central Europeo, que en todos los casos suponen una pérdida de derechos de los ciudadanos y de la soberanía del propio estado en favor de instituciones sin ningún control democrático.

Enfrentar la crisis a través de la reducción de los salarios y el gasto público conlleva la disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos/as, lo que implica una destrucción de la mediana y pequeña empresa, mayor generadora de empleo en nuestro país, que depende en buena medida de la demanda de servicios y bienes de esta ciudadanía. Esta reducción de salarios y la destrucción de empleo derivada reduce los ingresos que el estado percibe de las rentas de los trabajadores, incrementando nuevamente el déficit a financiar y en consecuencia la deuda pública que nuevamente beneficiará a acreedores financieros y perjudicará a los ciudadanos/as. Estas medidas no solo no resuelven el problema de la deuda sino que empobrecen la economía europea, incrementan las desigualdades entre ciudadanos y entre países, perjudicando especialmente a los países periféricos, como España, que se hacen más vulnerables a los ataques especulativos.

Rechazamos el Pacto por el Euro por lo que propone, pero también porque no propone cosas fundamentales como:

1. Llevar a cabo una reducción del déficit a través del aumento de los ingresos fiscales, lo que se puede lograr por medio de la aplicación de una política fiscal progresiva, donde a las rentas más altas y a las rentas de capital le correspondería una mayor tasa impositiva, y luchando contra el fraude fiscal con la eliminación real de los paraísos fiscales y las SICAV.
2. Gestión eficiente y transparente del gasto público, con la eliminación de los privilegios políticos, empresariales e institucionales.
3. Exigir responsabilidades a la banca, a las empresas inmobiliarias y constructoras, a los responsables políticos y a las agencias de tasación, por ser los causantes y beneficiarios de la burbuja inmobiliaria, la especulación con el precio de la vivienda y la generación de una enorme deuda externa (87% de la deuda externa Española es privada) que pone en peligro la estabilidad de nuestra economía (la deuda pública española es menor que muchos país de EU).
4. Exigir responsabilidades económicas y patrimoniales de gestores financieros, agencias de calificación e instituciones bancarias responsables de la especulación y por lo tanto de la creación de la crisis que nos afecta.
5. Regular el sistema financiero, frenando las actividades especulativas y obligando a los bancos a financiar la economía real y controlar los grandes movimientos de capital a través de la imposición de un impuesto a las transacciones financieras.
6. Establecer medidas de ayuda a la financiación de los estados con problemas que vayan dirigidas a los ciudadanos/as, y no a pagar a los acreedores de deudas privadas originando una nueva deuda pública más gravosa.

Existen alternativas al Pacto por el Euro y a la economía neoliberal que propone. En nuestra mano está luchar por ellas.

Publicado en madrid.tomalaplaza.net